Cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Presunción de inocencia. Uno de los principios básicos del derecho y una de las garantías que otorga la Constitución Mexicana. Desgraciadamente, la Carta Magna también incluye el concepto de prisión preventiva en su artículo 18, situación a la que van los inculpados de diversos delitos que aún no tienen un juicio que resuelva la situación.
El problema es que miles de mexicanos pasan años en la prisión preventiva, generalmente personas que no pueden pagar un abogado medianamente decente. Así hay gente en prisión seis o siete años por robar $200 pesos o un oso de peluche de una bonetería, cuando los verdaderos criminales andan afuera aterrorizando a la población.
Este problema tiene implicados a los medios de comunicación, a la autoridad judicial, a los legisladores y a la sociedad civil, básicamente todos estamos metidos ahí. La forma de impartir justicia en México es el embudo que no permite el Estado de Derecho, veamos:
En México un juicio puede durar meses, incluso años y tanto el Ministerio Público como los juzgados tienen una forma muy poco democrática e ineficiente de operar. De acuerdo al documental “El túnel” producido por el CIDE, del cual desgraciadamente no tengo una copia, a los agentes del M.P. se les pide cantidad sobre cantidad, esto es, hay un crimen, encuentra un culpable; pobre del borrachín que se pasó frente a las oficinas de los encargados de defender nuestros derechos. Por otra parte, todavía no es una realidad en todo el país el sistema de juicios orales, como en las películas donde están el acusado, el abogado defensor, el fiscal y el juez y todo se resuelve en muy poco tiempo. No, en lugar de eso se llenan hojas y hojas de dictámenes para que al final el juez revise la información y finque responsabilidades.
Los juicios orales parecen ser todavía una utopía y los medios de comunicación han contribuido para que la impartición de justicia en este país sea para el rico y poderoso.
Los inculpados de algún crimen tienen derecho a que los medios guarden sus nombres y fotografías hasta que la situación se resuelva, un derecho violado sistemáticamente todos los días por reporteros hasta “desgraciarles la vida”, como diría Marco Lara, editor de El Universal.
Fransesc Barata, sugiere formas de desarrollar prácticas periodísticas respetuosas con los derechos humanos, garantías procesales y presunción de inocencia en el libro Violencia y medios 3: Propuesta iberoamericana de periodismo policial. Hablando de periodismo policiaco y nota roja, no nos haría mal darles un vistazo:
1. Respetar a las víctimas, sus familiares y allegados.
2. No difundir imágenes de personas detenidas o investigadas por la Policía. (por más pinta de criminales que tengan, tienen derecho a la presunción de inocencia)
3. No difundir los nombres y datos que identifican a los implicados. (Si sale inocente y quiere conseguir un trabajo…)
4. Utilizar el ‘presunto’ de forma destacada, evitando la retórica formal.
5. Contrastar la información y distanciarse de las fuentes. (No más notas salidas de comunicados de prensa de la Procuraduría)
6. Evitar la superficialidad y la producción de estereotipos. (Golpe bajo a nosotros los morbosos)
7. No hacer juicios paralelos.
Sea usted periodista o lector, saque sus conclusiones.
